Funcionarios del concejo de Los Ángeles no bajan la guardia para controlar el negocio de la marihuana en su comunidad, por lo que esperan que los electores los apoyen con su voto en las elecciones del 7 de marzo para la Medida M.

La iniciativa busca que la ciudad de Los Ángeles pueda supervisar las operaciones de la industria, por lo menos dentro de la región. La acción surge después de la legalización de la marihuana para uso recreacional  en California ( con la aprobación de la Proposición 64).

La propuesta impondría un impuesto local de ingresos brutos del 5 por ciento por la ventas de marihuana medicinal, el 10 por ciento para el cannabis recreativo y el 1.2 por ciento para las empresas que transportan, investigan y cultivan las plantas. También promulgaría castigos criminales y civiles a los que violen estas nuevas estipulaciones.

Aquellos que apoyan la medida impulsada por la ciudad, argumentan que la regulación y la fiscalidad es un acuerdo de término medio que permite que los usuarios de marihuana usen el producto, pero con restricciones para promover el uso seguro y prevenir el abuso y la influencia de los jóvenes.

“No es fácil lidiar con el tema”, dice el concejal Herb Wesson, quien encabezó el proyecto de ley. “Pero creemos que esta medida es muy justa. Al ver que la mayor parte de la industria la apoya, creo que envía un mensaje de que llegamos a un acuerdo”.

Los que se oponen a este proyecto, sin embargo, temen que la abundancia de restricciones excesivamente políticas del producto obligarán a muchos a operar de modo clandestino.

“Ya los electores decidieron en noviembre. Ahora lo que Los Ángeles quiere hacer es sacar dinero de nosotros. Muchos negociantes creemos que eso es injusto y ocasionará ventas no controladas”, dice M.D, un dueño de negocio en Wilmington, que no quiso dar su nombre.

Bajo la ley estatal, para que todo negocio obtenga su licencia de operación en cualquier ciudad, este tendrá que someter su aplicación. A cambio, para que la ciudad otorgue la licencia, los negocios tendrán que someterse a las reglas que cada región imponga.

En este caso, la Proposición M le da autoridad a Los Ángeles para regular la marihuana legal en la industria, imponer impuestos y ubique donde los negocios pueden vender así como imponer penalidades para los que no obedezcan.

La Medida M también se permite decidir el número de negocios que pueden operar en la región y le da la prioridad a los 135 negocios de marihuana ya amparados por la Proposición D, que en la actualidad pueden operar.

En la boleta, los electores también se percatarán de la Medida N,  que fue escrita por algunos de los negocios ya amparados por la proposición D y cubre algunos de los aspectos de la Proposición M. Esta medida iba a ser anulada de la boleta tras llegar a un acuerdo con la ciudad, pero por cuestiones de tiempo, ya no se pudo.

De no obtener los votos suficientes en ambas medidas, la ciudad queda limitada respecto a la imposición de impuestos.